El informe de credibilidad del testimonio como prueba para demostrar agresiones
El informe de credibilidad del testimonio se solicita para evaluar la credibilidad de los testimonios de víctimas y testigos implicados en procesos judiciales, en su mayoría relativos a violencia de género, ya que gran parte de estos casos se dan en el ámbito privado y no se dispone de otros testigos presenciales que puedan corroborar lo ocurrido. Con el informe de credibilidad del testimonio el juez se asegura la veracidad del testimonio y puede descartar un posible móvil oculto para acusar a otras personas, a menudo exparejas de la víctima, por resentimiento, venganza, o con fines ocultos, como podría ser conseguir la custodia exclusiva de los hijos en común.
Además del problema con que se encuentra la víctima para demostrar los hechos por cometerse éstos en el seno del hogar y sin testigos, otro gran obstáculo es que nos encontramos ante lesiones que en algunos casos no requieren asistencia sanitaria, en otros la víctima no va al médico por miedo a volver a ser agredida por su agresor, o acude al médico alegando como motivo de las lesiones accidentes domésticos no relacionados con malos tratos, por lo que posibles hematomas u otras lesiones físicas, no aparecen en ningún documento médico.
Sin testigos, ni documentos en los que se objetiven las agresiones a la víctima, es difícil acreditar y avalar la agresión, de ahí la importancia del informe de credibilidad del testimonio para probar la sinceridad del testimonio de la víctima, ya que si dicha garantía no existiese, la justicia estaría permitiendo que los agresores salgan impunes de agresiones que constituyen delito debido a la falta de pruebas contra su inocencia, dejando así a las víctimas en situación de desamparo.
Una de las Sentencias del Tribunal Supremo que manifiesta que el testimonio tiene el valor de prueba testifical siempre que se practiquen con las debidas garantías, y también que son hábiles por si solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.
Sentencia Tribunal Supremo 10/03/1993
